A 623 euros asciende el incremento que cada español logró en su renta anual entre el 2000 y el 2005, gracias a los inmigrantes. Los beneficios netos del Estado con las contribuciones de los inmigrantes se elevan a 5.000 millones de euros, diferencia entre lo que cotizan y el gasto que de los servicios que reciben. La mitad del incremento del Producto Interior Bruto español se debe a la inmigración. Las pensiones de 900.000 españoles se costean con los inmigrantes. Dado que vienen a trabajar, se da la paradoja de que tienen una tasa de actividad 10 puntos más alta que los españoles, entre los que hay 7,5 millones de jubilados. Frente a esta cifra, sólo 60.000 jubilados extranjeros, de los que hay que restar los pensionistas europeos que se retiran a España.
Las Comunidades españolas con más inmigrantes son las que más han crecido. Caso singular es Aragón donde, aunque el índice de inmigrantes dista de estar entre los más elevados (41.000 personas), el crecimiento económico de nuestra Comunidad supera ampliamente los promedios de España y de Europa, por encima del 4 por ciento.
Son datos oficiales que no extrañan al ciudadano: sin saber estadísticas, ve cómo crecen los núcleos rurales, aumenta la natalidad, se abren nuevos colegios o se recogen cosechas que quedarían yertas en los campos sin las manos de los inmigrantes.
Los datos merecen una seria reflexión, además de cuantas reflexiones merecen la igualdad, la dignidad y la justicia de todas las personas, sea cual sea su procedencia. Hablan también de nuestro bienestar, al margen del reconocimiento que España debería dar a cuantos inmigrantes cayeron víctimas del terror el 11-M o en la T-4. Desde luego, demuestran lo evidente: que quienes proponen recortar derechos al inmigrante, discriminarlo en la aplicación de la Ley del resto de los españoles, mienten descaradamente. Y poco, muy poco, parece importarles el futuro económico de España.
