¿Recuerdan cuando antes del 2004 los sindicatos policiales protestaban por la escasez de plantillas o por tener que patrullar a pie ante la carencia de fondos económicos para llenar de combustible los depósitos de sus vehículos? ¿Y cuando los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran obligados a patrullar en solitario y los policías locales a realizar tareas judiciales como consecuencia de la reducción de efectivos de los cuerpos estatales?
Son hechos de la historia reciente, que cambiaron de forma diametral tras el compromiso que en materia de Seguridad ha llevado a cabo el Gobierno socialista. Porque una política comprometida con la seguridad de todas las españolas y de todos los españoles no consiste en promesas, ni en manipular el miedo y el dolor de los ciudadanos para arrojarlos sobre el adversario político. El compromiso con la seguridad pasa, entre otras diversas medidas, por disponer de las suficientes dotaciones presupuestarias para la ampliación real y efectiva de las fuerzas del orden.
La reciente incorporación a la Comunidad aragonesa de 120 nuevos agentes de la Guardia Civil es un símbolo más, que recuerda los más de 17.000 efectivos que durante los últimos cuatro años se han incorporado en España a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. De ellos, 226 guardias civiles y 500 policías nacionales lo hicieron en tierras aragonesas. El primer gobierno de Rodríguez Zapatero ha incrementado el conjunto de las Fuerzas de Seguridad a un total de más de 130.000 profesionales, de los que cerca de 5.000 están destinados en Aragón, cuyos coeficientes de efectividad frente a la delincuencia, alcanzan por cierto cifras muy superiores a la media estatal.
